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Todo apunta a que Salvamento Marítimo seguirá adscrita a la Dirección General de la Marina Mercante dependiente de Fomento: 23.05.08:

Según informaciones en la prensa SASEMAR seguirá en Fomento. Mientras, las principales organizaciones sindicales tienen a Salvamento Marítimo en el "ojo del huracán".

Si se confirman las noticias publicadas en la prensa, la marcha atrás del Gobierno de España en la intención de que la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima pasase al Ministerio de Medio y Ambiente ha sido acertada. La Asociación Canaria de Oficiales de la Marina Mercante defiende que SASEMAR se quede en el Ministerio de Fomento y adscrita a la DGMM.

Ya habíamos apuntado aquí que la actual Ley de Puertos y Marina Mercante refleja la adscrición de SASEMAR a la DGMM, siendo su Director General además presidente de la Sociedad. Por otro lado la Seguridad Marítima, principal responsabilidad de Salvamento Marítimo es función de Marina Mercante. Diferentes Ordenes Ministeriales y Resoluciones unen vertebralmente a Salvamento Marítimo con la Dirección General de la Marina Mercante, procedimientos y protocolos de trabajo internos de sasemar igualmente tienen como punto de unión a las Capitanías Marítimas.

Ni Medio Ambiente, ni Fomento han desmentido o confirmado nunca las filtraciones en la prensa sobre el posible cambio de Ministerio de Salvamento Marítimo. Parece que la "codura" se va imponiendo y finalmente SASEMAR se queda en su lugar "natural", en la DGMM.

Las Correspondientes Federaciones del Sector del Mar de las organizaciones sindicales UGT y CCOO emiten notas de prensa sobre la situación de Salvamento Marítimo que igualmente reproducimos.

Salvamento se queda en Fomento. laopinióncoruña.es » Mar 20 Mayo 2008

ANTÓN LUACES La Sociedad de Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación Marina seguirá dependiendo (como es preceptivo) de la Dirección General de la Marina Mercante y esta, del Ministerio de Fomento. La decisión está tomada, pero ha habido largo debate en torno a ella. Se desvincula, por tanto, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que seguirá siendo un superministerio pero sin responsabilidad alguna en la "protección de la Mar". La fuente consultada, digna de crédito, asegura que ha habido que "pelearla", pero definitivamente será la Dirección General de la Marina Mercante y, por tanto, el Ministerio de Fomento, quien se responsabilice de este servicio indispensable en la mar. No hay marcha atrás, sin embargo, respecto del futuro del Cepreco, órgano creado a partir del Comisionado del Prestige y única Dirección General del Estado no radicada en Madrid, que desaparece. No así sus funciones, que se mantienen y serán responsabilidad del macroministerio de Elena Espinosa y que dependerá, parece obvio, de la Secretaría del Mar. Se pone fin, de esta manera, a las muchas especulaciones que se hacían en torno al futuro de Sasemar y el posible incumplimiento del Decreto de su creación en el Gobierno de Felipe González, que vincula a la Sociedad de Salvamento a Marina Mercante y hace al responsable de este departamento presidente de Sasemar.
Es muy probable que la remodelación que se pretendía en relación con la Sociedad de Salvamento se le haya "atragantado" al actual Gobierno de Rodríguez Zapatero en un tema de tanta trascendencia para la mar como es el servicio de salvamento marítimo; pero es del debate de donde nace el "talante" que permite rectificar. Y la rectificación llega en buena hora. Ya sólo queda "despachar" el planteamiento de CCOO en relación con la dependencia o no de Sasemar de las radiocomunicaciones marítimas. Si las cosas van a continuar como estaban, Telefónica seguirá beneficiándose de un contrato que incumple en demasiadas ocasiones, sobre todo en lo que es la disposición de las funciones de los responsables de esas radiocomunicaciones y la atención a determinadas frecuencias de transmisión. Aquí también habrá que hilar muy fino, porque la estructura necesaria no está en manos de Salvamento Marítimo. Tampoco la experiencia en las comunicaciones, aunque algo se ha mejorado en el tratamiento (no lo suficiente, a día de hoy, como para poder hacerse con un servicio semejante).

Buque Luz de Mar ejercicio rescate

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CCOO solicita la integración del Servicio Radio Marítimo en Salvamento Marítimo 12 de mayo de 2008.
Además, pide la anulación del concurso promovido por el Director General de la Marina Mercante
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El Sector del Mar de la Federación de Comunicación y Transporte de CCOO considera inexplicable que la Dirección General de Marina Mercante haya optado por sacar  a concurso el Servicio Radio Marítimo (SRM) sin contemplar su integración en Salvamento Marítimo.

Actualmente, el SRM, que se ocupa de las telecomunicaciones marítimas, es prestado por Telefónica mediante un contrato que finaliza en abril de 2009, y para CCOO “resulta inaceptable que no se utilice este período para integrar dicho servicio en Salvamento Marítimo. En vez de eso, la Administración ha habilitado un concurso por un valor de 55 millones de euros, del dinero de todos, y cinco años de duración para que todo siga igual, sin tener en cuenta que Salvamento Marítimo es el “cliente” preferente de este servicio.” 

Durante los últimos dos años, CCOO ha planteado a la Dirección General de Marina Mercante la necesidad de integrar el SRM en Salvamento Marítimo obteniendo al respecto “respuestas inconsistentes.”

Según el sindicato, los profesionales de Salvamento Marítimo y los que en la actualidad prestan el SRM consideran una barbaridad que el Gobierno autorice este concurso, que en nada mejora el servicio y que mantiene la descoordinación al no integrarlo en Salvamento Marítimo.

El concurso sigue manteniendo prescripciones técnicas anticuadas, que no contemplan la inclusión de innumerables avances tecnológicos de vigente actualidad en las telecomunicaciones.

CCOO denuncia asimismo que en este concurso público se admita “la subcontratación de los recursos humanos” para la prestación del servicio. La Administración permite que la empresa adjudicataria no tenga compromisos de personal propio y esto también lo consideran inaceptable. Y también les “suena a negocio,” con respecto a un personal que debe cumplimentar conocimientos y titulaciones exigidas por la Organización Marítima Internacional.

Por esto, CCOO exige la anulación de este concurso y que se contemple la integración del SRM y de sus trabajadores en Salvamento Marítimo.

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La Audiencia Nacional ordena investigar a Salvamento Marítimo por la muerte de 88 inmigrantes - Noticia publicada el 26-05-2008.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Fernando Andreu investigar la querella presentada contra Salvamento Marítimo por un delito de homicidio imprudente por la supuesta responsabilidad de dos de sus remolcadores, el "Conde de Gondomar" y el "Luz de Mar", en el fallecimiento de 88 inmigrantes que viajaban en una patera hundida en las proximidades de las costas españolas en julio de 2007.
· Tres inmigrantes muertos en un cayuco rescatado en Gran Canaria
· Rechazan la querella contra Salvamento Marítimo por el naufragio en el que murieron 88 inmigrantes

 
L D (Europa Press) El magistrado rechazó en octubre admitir a trámite la demanda al considerar que la conducta de los capitanes y tripulaciones de los barcos de rescate no fue constitutiva de una infracción penal ya que los navíos de Salvamento Marítimo "no crearon el riesgo" que desembocó en el fallecimiento de los ocupantes del cayuco sino que "pretendían evitarlo".
 
"Los incidentes en el ejercicio de las maniobras de acercamiento y rescate no se pueden prever de antemano", destacaba el magistrado que añadía que en un rescate de este tipo "se debe asumir un riesgo, que es inevitable pues se adopta a fin de salvar la vida de personas que se encuentran en peligro inminente".
 
Andreu especificaba que el hecho de que el barco efectuara "una maniobra brusca" que podría haber favorecido el hundimiento de la patera no fue significativo "dadas las circunstancias en que transcurre la acción de salvamento". "La absoluta excepcionalidad y riesgo de tales maniobras hacen que no pueda achacarse una falta de previsión o de destreza merecedora de reproche penal".
 
Infracción del deber de cuidado
 
No obstante, la Sección Cuarta considera que "no debe proceder rechazar de plano la querella" dado que en el relato efectuado por el letrado que la presentó, el abogado de oficio tinerfeño Plácido Alonso, se denunciaba una "omisión voluntaria no maliciosa" con un presunta infracción del deber de cuidado que desembocó en la muerte de las 88 personas en la maniobra de salvamento al partirse el cayuco.
 
Los tres magistrados de la Sección –Paloma González, Juan Francisco Martel y Fernando Bermúdez de la Fuente– indican al juez Andreu que debe solicitar a la autoridad marítima de Canarias que le remita las diligencias levantadas a raíz del rescate fallido.

 
"A la vista de ello, y con libertad de criterio del Juzgado Instructor para la práctica de las diligencias complementarias que considere procedente, se podrá decidir con mayor conocimiento si continuar con la tramitación de la causa o archivarla", indica el auto.
 
Fundamentos de la querella
 
El abogado Plácido Alonso fundamentó su demanda en dos motivos, por una parte la negligencia o imprudencia en que en su opinión incurrieron los dos barcos remolcadores que emprendieron el rescate de los 136 inmigrantes que viajaban en el cayuco y fueron avistados a más de 100 millas de las costas de Tenerife –'Conde de Gondomar' y 'Luz de Mar'– y por otra en la carencia en los navíos de dispositivos flotantes que hubieran reducido el número de víctimas mortales una vez se produjo el hundimiento de la embarcación.
 
Según relataba el abogado, la patera fue avistada el pasado 19 de julio a más de 100 millas de la costa de Tenerife por un barco privado que dio aviso a Salvamento Marítimo. En un primer momento arribó a la zona el remolcador 'Luz de Mar', cuyo capitán era el responsable de las maniobras, y que se apostó en las proximidades del cayuco sin abordarlo, explicó Peña en base a las declaraciones realizadas por los supervivientes.
 
La embarcación, que transportaba a personas procedentes del África subsahariana (Ghana, Senegal, Guinea Bissau, Gambia y Liberia), llevaba 10 días de navegación y la falta de combustible provocó la parada de sus dos motores, relató el letrado.
 
Sobre las dos de la madrugada llegó a la zona otro remolcador, el 'Conde de Gondomar'. Según explicó el abogado los inmigrantes rescatados han descrito que el barco se acercó "muy rápido" y dio un giro que provocó oleaje y desestabilizó a la patera. "Poco después, en la aproximación, golpeó a la embarcación y la partió en dos", indicó Alonso. Sólo 48 personas pudieron ser rescatadas con vida y otras 88 desaparecieron en el mar.

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DOMINGO, 25 DE MAYO DE 2008 - www.eldia.es

La Audiencia obliga a investigar el rescate del cayuco en el que murieron 88 personas

La Audiencia Nacional ha aceptado el recurso de apelación de la querella contra Salvamento Marítimo formulada por el subsahariano que representa a los 88 fallecidos en el rescate de un cayuco a 90 millas de Tenerife, el 19 de julio de 2007, para que un juez investigue los hechos y decida si continúa o se archiva.

DORY MERINO, Tenerife

La Audiencia Nacional ha obligado a que un juez lleve a cabo la investigación del rescate del cayuco en el que desaparecieron 88 personas a 90 millas del sur de Tenerife, el día 19 de julio de 2007, en presencia de dos embarcaciones de Salvamento Marítimo, según figura en la sentencia del pasado 12 de mayo, a la que ha tenido acceso EL DÍA.

Ese naufragio se saldó con 88 muertos y 48 supervivientes, algunos de los cuales vieron morir ante sus ojos a hermanos y familiares, como uno de Ghana, quien aseguró que perdió a cinco hermanos y ocho amigos.

En la sentencia de la Sala de lo Penal, Sección Cuarta de la Audiencia Nacional se indica que este juzgado ya ha pedido documentación a Salvamento Marítimo en Canarias para iniciar la investigación de la tragedia, tras la querella interpuesta por un subsahariano de ese cayuco -en representación de los 88 inmigrantes fallecidos- a través del abogado de oficio que les tomó declaración a su llegada a tierra, en vista de los fuertes testimonios de los inmigrantes, quienes aseguraron que su cayuco estaba parado en alta mar porque se acabó la gasolina y naufragó cuando se acercó demasiado la embarcación de salvamento.

Tal y como precisa el documento judicial, "se estima el recurso de apelación formulado por el representante de los 88 fallecidos y revoca las resoluciones recurridas anteriormente, dejándolas sin efecto, para que el citado juzgado instructor continúe la tramitación de la causa e interese a la Autoridad Marítima competente de Canarias la remisión de las diligencias levantadas como consecuencia del indicado salvamento marítimo y demás incidencias del mismo, para que a la vista de ello y con la libertad de criterio del juzgado instructor para la práctica de las diligencias complementarias que considere conveniente, se pueda decidir con mayor conocimiento de causa sobre la procedencia de continuar con la querella o su archivo".

Los testigos, repartidos

De esta forma, la Audiencia Nacional da cauce al único deseo de los supervivientes de ese triste naufragio, la mayoría de ellos repartidos en la actualidad por distintos países africanos, aunque algunos siguen en la Península, después de que fueran derivados desde Canarias tras cumplir unas semanas de internamiento en centros de retención.

Los 48 supervivientes de este naufragio coincidieron en su relato en que la embarcación de Salvamento Marítimo, en su intento de rescate, golpeó su bote, lo que, unido al mal estado del mar, les hizo zozobrar y caer al agua, provocando la tragedia.

Es lo que sostienen los supervivientes de esta tragedia al ser entrevistados por el abogado tinerfeño Plácido Alonso Peña, quien después de escuchar sus testimonios presentó una querella criminal, "no con el ánimo de ir contra nadie, pero sí para que se investigue y se aclare qué sucedió".

El abogado ha recalcado en múltiples ocasiones que su único deseo es conocer exactamente qué ocurrió, algo que fue rechazado el pasado año por la Fiscalía de Arona.

Plácido Alonso Peña presentó en la Audiencia Nacional la querella contra Salvamento Marítimo por homicidio imprudente, después de que el juez de Arona José Ramón Corral Quintana no la hubiera admitido a trámite ni hubiera permitido tomar declaraciones anticipadas a los testigos mientras estaban internados en el centro de retención de Tenerife.

El juez la denegó "al estimar que este juzgado no resulta competente para la instrucción de la causa", tal y como señala textualmente un auto del 14 de agosto de 2007. El juez alegó que la competencia de Canarias se circunscribe a las 12 millas, unos 22.200 metros de las aguas archipielágicas y el hecho que se juzga, la colisión de una embarcación de Salvamento con un cayuco cargado de personas, ocurrió a 89 millas al sur de Tenerife, por lo tanto, en aguas internacionales.

Por este motivo, el abogado de oficio que tomó declaración a los supervivientes presentó la querella en la Audiencia Nacional, que ahora ha admitido a trámite la causa para investigar lo que sucedió en ese trágico rescate.

 


 

 

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UGT exige la continuidad de Salvamento Marítimo en el Ministerio de Fomento. 12 Mayo 2008.

La Unión General de Trabajadores pide una severa reflexión sobre lo que se ha publicado en los medios de comunicación, y no desmentido por los responsables políticos, relativo a que el Salvamento Marítimo pasará al Ministerio de Medio Ambiente, lo que ha creado una enorme confusión en el sector, como consecuencia del ambiguo Real Decreto de Reestructuración Departamental 432/2008, en que LA PROTECCIÓN EN EL MAR es atribuida al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Ello se contrapone con lo dispuesto en el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales que establece que la Dirección General de la Marina Mercante continúa siendo un órgano de gestión del Ministerio de Fomento en el marco de un desarrollo sostenible. UGT afirma que se contrapone, porque la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,regula la política de la Marina Mercante en el marco de las competencias asignadas a la Administración del Estado según el artículo 149.1 de la Constitución Española, estableciendo como fundamentales, entre otros, la consecución de los siguientes objetivos: la tutela de la seguridad de la vida humana en la mar, la tutela de la seguridad de la navegación marítima, la tutela de la seguridad marítima, la protección del medio ambiente marino.
UGT pregunta a los responsables políticos cómo podrían ser sostenibles y gestionables tales cometidos si procedemos a desmembrar las funciones atribuidas a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, dependiente del Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, y siendo esta Sociedad el medio instrumental necesario para poder llegar a los objetivos referidos. La experiencia de los últimos quince años, desde que se creó la Sociedad deSalvamento y Seguridad Marítima, avalan que Salvamento Marítimo no es un órgano independiente fácilmente removible o intercambiable. Al contrario, es una pieza indispensable, fundamental y vertebradora dentro de la estructura de la Administración Marítima Española que está implantada y enraizada en cada una de las unidades dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante en el Ministerio de Fomento. UGT afirma rotundamente que la gestión de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima ha demostrado que cumple el principio de eficacia dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre todo en la coordinación y actuación de los distintos medios capaces de realizar operaciones de búsqueda y salvamento de vidas humanas en peligro. Este objetivo es fundamental para cualquier Estado, sin menosprecio de reforzar y dotar al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de los medios necesarios para promover la adecuada protección de los espacios marinos, sin que se llegue a generar ningún conflicto de atribuciones como el anteriormente planteado.